Todo el personal sanitario de Cantabria, incluido el sector de la enfermería, contará con la condición de ‘autoridad pública’, que hasta ahora solo tenían los médicos, una vez se apruebe la Ley de Simplificación Administrativa. Según recoge el texto, esta norma quiere dar herramientas al resto de profesionales para «procurar el respeto que les es debido en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades para alcanzar una convivencia adecuada». De esta forma, con la condición de ‘autoridad pública’, la presunción de veracidad del personal sanitario reducirá los trámites administrativos ante una denuncia por agresión.
Así lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, este lunes en declaraciones a los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, y que ha detallado posteriormente la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, a preguntas de la prensa, quien ha avanzado que esta condición de ‘autoridad’ se aplicará de forma «inmediata» una vez se apruebe la Ley de Simplificación Administrativa y se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
La consejera ha explicado que esta Ley incluye 160 medidas de simplificación, entre ellas la modificación de la Ley de personal de instituciones sanitarias, que recoge que el personal sanitario tenga la condición de ‘autoridad’, como venía reivindicando desde hace «mucho tiempo» el sector, que hasta ahora no tenía esta categoría, a diferencia del resto de funcionarios de carrera que sí lo tienen.
Ha precisado que para que tengan veracidad las pruebas, denuncias o actas en las funciones de inspección, estas tienen que tener la condición de ‘autoridad,’ que es lo que ahora recoge esta Ley. En este sentido, ha puesto como ejemplo que en un procedimiento en el que ha habido una agresión a un sanitario, «la presunción de veracidad de la denuncia realizada por ese sanitario hace reducir los trámites».
Urrutia ha trasladado que el objetivo es que la Ley de Simplificación, que se encuentra en audiencia e información pública hasta el 17 de septiembre, llegue al Parlamento en la primera semana de octubre y se apruebe «cuanto antes». Ha apuntado que se trata de una norma que afecta «a todo el mundo», por lo que ha animado a todo aquel que esté interesado en aportar sus alegaciones, que se estudiarán e incluirán aquellas que mejoren el texto. Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo autonómico prevé reunirse la primera semana de septiembre con los alcaldes y la Federación de Municipios para «mejorar» la ley, al igual que ha quedado en mantener un encuentro con la CEOE, los colegios profesionales y las cámaras.
El Gobierno regional también pretende, posteriormente, abordar con la Universidad de Cantabria (UC) esta norma que, ha destacado la consejera, es «revolucionaria», va a marcar «un antes y un después» en la actuación administrativa de la comunidad autónoma y «la necesitamos como el comer».
