Dos profesiones sanitarias, fisioterapia y enfermería, han decidido avanzar de manera conjunta en una reivindicación que consideran clave para el reconocimiento de su realidad profesional: la clasificación en el subgrupo A1 de la Función Pública. Se trata de una demanda histórica que ambos colectivos vuelven a situar en el centro del debate tras los últimos avances institucionales.
Desde el ámbito de la fisioterapia se valora de forma positiva el impulso dado a la proposición de ley que plantea una modificación del actual sistema de clasificación profesional del personal funcionario. Los fisioterapeutas recuerdan que su titulación es un grado universitario plenamente integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior, con las mismas exigencias académicas que otras titulaciones que ya se encuadran en el subgrupo A1. Sin embargo, en el marco de la Función Pública continúan adscritos al subgrupo A2, una situación que consideran desfasada y que no se corresponde ni con su nivel formativo ni con las competencias y responsabilidades que asumen en el sistema sanitario.
En esta misma línea se sitúa el colectivo de enfermería, que también reivindica el reconocimiento de la categoría profesional A1 como coherente con su formación universitaria y con la evolución de la profesión. Las enfermeras y enfermeros subrayan que la actual clasificación limita su desarrollo profesional y no refleja adecuadamente el papel que desempeñan dentro de la sanidad pública. Por ello, defienden la necesidad de una reforma normativa que actualice el Estatuto Básico del Empleado Público y elimine la diferenciación entre subgrupos que no se ajusta a la realidad académica actual.
Ambos colectivos coinciden en que la modificación del sistema de clasificación profesional no es solo una cuestión retributiva, sino un reconocimiento institucional a profesiones sanitarias que han experimentado una profunda transformación en las últimas décadas. La unión de fisioterapeutas y enfermeras en esta reivindicación común refuerza una demanda compartida: que la Función Pública se adapte a la realidad universitaria y profesional vigente y reconozca, en igualdad de condiciones, a quienes acceden a estas profesiones con una titulación de grado.
La convergencia de ambas profesiones en esta reclamación evidencia un posicionamiento claro del ámbito sanitario: la actualización del marco normativo es necesaria para garantizar una clasificación profesional justa, acorde a la formación, las competencias y la responsabilidad que asumen estos profesionales en el sistema público de salud.
