La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha firmado esta mañana un Protocolo general de actuación con los principales agentes que participan en el sector de la rehabilitación para impulsar y divulgar los nuevos programas de ayudas de los fondos europeos ‘Next Generation’.
De aquí a 2023 podrán llegar a Cantabria 61,94 millones de euros para promover la rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia energética de edificios, “una cantidad inédita” que supondrá la creación de unos 2.400 puestos de trabajo con una aportación de 175,5 millones de euros al PIB de Cantabria, según la estimación del Gobierno.
Ana Belén Álvarez, a quien acompañaba la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez, ha agradecido a las entidades firmantes -la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) y los colegios profesionales de Arquitectos (COACAN), Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (COAATCAN) y Administradores de Fincas- que hayan asumido junto al Ejecutivo “el reto de situar la rehabilitación en primer plano de la agenda pública”.
“El ‘Pacto por la Rehabilitación’ -ha explicado la consejera- nace de una oportunidad, la que nos conceden los fondos europeos para impulsar obras de rehabilitación, pero también conscientes del enorme desafío que supone movilizar semejante inversión en solo tres años”.
En este sentido, ha indicado que la mayor parte de esos 60 millones de euros que Cantabria tiene “al alcance de su mano”, tendrán que ser canalizados no a través de la ejecución directa de la Administración pública, sino “a través de la propia demanda de los ciudadanos”, lo que supone “un verdadero reto”.
“Tenemos que ser capaces de hacer llegar el mensaje de que la rehabilitación energética se presenta como una de las mejores inversiones dentro del hogar, ya que mejora el confort y reduce el consumo energético, y que las ayudas europeas suponen una excelente oportunidad para ello”, ha manifestado.
“Eso implica el compromiso e implicación del Gobierno de Cantabria, pero también de los ayuntamientos, los propietarios, constructores, empresas, colegios profesionales o fabricantes”, ha ahondado al respecto la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez.
En su intervención, la consejera también ha destacado que la rehabilitación tendrá un peso destacado en la reactivación económica tras la pandemia, «contribuyendo de forma decidida en la creación de puestos de trabajo y riqueza».
De este modo, el Pacto nace para “aunar fuerzas”, con el objetivo común de promocionar las ayudas en materia de rehabilitación de vivienda y eficiencia energética, uno de los ejes vertebradores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España que establece entre sus objetivos duplicar la ratio de rehabilitación para reducir el consumo energético.
“Desde luego, el Gobierno de Cantabria, junto a los agentes de la vivienda, nos vamos a volcar para que estos fondos extraordinarios lleguen a los ciudadanos; vamos a recorrer cada municipio para explicar los beneficios de la rehabilitación y la eficiencia energética; vamos a hacer campañas de difusión y vamos a celebrar jornadas técnicas y formativas… Movilizar esos cerca de 60 millones de euros solo será posible con un proyecto compartido y con la colaboración de todos”, ha concluido Ana Belén Álvarez.
El documento ha sido firmado por Moisés Castro, presidente del Colegio de Arquitectos de Cantabria; Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria; Miguel Ángel Berrazueta, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cantabria, y Alberto Ruiz-Capillas Tapia, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria, a quienes la consejera ha agradecido su colaboración.
7 ejes para invertir en rehabilitación
El objetivo es impulsar obras de rehabilitación en el parque edificado de Cantabria que está formado por 366.000 viviendas, de las que un 30% -125.000- se han construido antes de los años 80, “cuando las exigencias de calidad y eficiencia energética eran mucho menores que en la actualidad”.
Los cerca de 62 millones de euros de inversión se van a distribuir en 7 líneas de actuación establecidas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El primero de eses ejes, la rehabilitación a nivel de barrio, además de las obras de rehabilitación en edificios y viviendas, incluye la urbanización del entorno; también habrá actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, con ayudas directas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación centrada en la eficiencia energética.
Una tercera línea de ayudas estará destinada para la mejora de la eficiencia energética subvencionando la renovación de determinados elementos constructivos como las ventanas. El Gobierno también va a apoyar la propia redacción de los proyectos de rehabilitación para que las comunidades de propietarios puedan contar un documento técnico que incluya un Diagnóstico del edificio y un Plan de actuaciones.
Así mismo, la Comunidad también recibirá fondos para la construcción de viviendas en alquiler social, lo que va a permitir “seguir incrementando la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible con la colaboración del sector privado”.
También habrá un programa de rehabilitación energética específico para edificios existentes en municipios de Reto Demográfico (Programa PREE 5000), es decir, en núcleos de menos de 5.000 habitantes.
Finalmente, el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) servirá para sufragar la rehabilitación sostenible de edificios de titularidad pública.
Las obras de rehabilitación, renovación y regeneración urbana tienen un efecto directo en el medio ambiente e incide en la mejora de la calidad de vida de la población y el confort de los hogares, con un efecto directo en el medio ambiente y las condiciones físicas, urbanas, sociales y económicas, así como en las edificaciones, sus entornos y dotaciones.