Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el “Estudio de necesidades formativas de la juventud rural” que, entre otras cosas, analiza la importancia de las incorporaciones de jóvenes al sector agrario. Al hilo del mismo, desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, analizamos la trascendencia del relevo generacional en nuestra región, que es una de las claves en la lucha contra la despoblación que tanto debate despierta actualmente.
Un primer dato significativo obtenido a partir de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas elaborada por el INE en 2016 es que del total de las explotaciones consideradas solo el 8% está en manos de titulares menores de 40 años, que tienen, por tanto, consideración de jóvenes agricultores a los efectos de la legislación comunitaria y estatal. De los más de 25.000 jóvenes incorporados a nivel nacional entre 2009 y 2018, el 78% son hombres y solamente el 22% mujeres. Estos datos son ratificados por el hecho de que sólo un 9% de las ayudas directas de la PAC son percibidas por jóvenes.
En Cantabria, el número de incorporaciones de 2007 a 2017 fue de 629: de ellas el 35% corresponde a mujeres y el resto a hombres. Es la segunda comunidad autónoma en la que el porcentaje de mujeres incorporadas es mayor y también una de las que más menores de 25 años incorpora porcentualmente. De igual manera, ocho de cada diez incorporaciones en esta región corresponden a orientaciones productivas ganaderas. Los cultivos frutícolas, hortícolas y últimamente el viñedo son los mayoritarios en los expedientes agrícolas. La orientación bovina de cría, carne y/o engorde supone casi el 60% del total de expedientes ganaderos, y el vacuno de leche se aproxima al 10%. La orientación mixta carne-leche supera el 23%.
Según el estudio citado los obstáculos que impiden a los jóvenes dedicarse a la agricultura tienen su origen en las dificultades para el acceso a la tierra, a la financiación y al conocimiento, pero también influyen la disponibilidad de servicios en las zonas en las que residen y unas infraestructuras adecuadas.
Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que la formación requerida deberá abordar las cuestiones específicas de cada sector, pero otras competencias serán comunes para todos los subsectores, tales como la gestión de la calidad, la trazabilidad, la comercialización o la comunicación de empresa.
Las estrategias de cualificación deberán combinar la puesta en marcha de acciones formativas de contenido específico para cada sector y modelo productivo con otro tipo de acciones de carácter más prospectivo y transversal. La planificación estratégica, el análisis de costes y las acciones enfocadas al ahorro en el uso de inputs son y serán cada vez más importantes.
