Colegiarse o no hacerlo, no debería ser percibido como una obligación por parte de los profesionales.
Con la colegiación de los profesionales se busca garantizar que cualquiera que precise de sus servicios encuentre conocimientos y experiencia, pero también valores intangibles como la independencia, la responsabilidad, o el respeto a las normas deontológicas de la profesión.
A muchos profesionales de la Administración Pública en Cantabria les surge la duda sobre si colegiarse o no. En 2001 la Administración Regional de Cantabria renunció a exigir la colegiación a los profesionales que prestan servicio en su ámbito y creando una diferencia entre aquellos que desarrollan su labor en lo público y los que lo hacen en el ámbito privado.
Esta diferencia no solo no se encuentra prevista en el texto constitucional, sino que establece dos niveles en cuanto a los derechos de los ciudadanos que reciben esos servicios profesionales: unos con plenas garantías, y otros cuyos derechos y garantías quedan cercenados.
Al igual que un ciudadano puede ejercer su derecho de reclamación por los servicios profesionales prestados por profesionales colegiados de profesiones como la arquitectura, ingeniería, medicina, abogacía, economía… El hecho de que haya profesionales en la Administración no colegiados, hace pensar que todos aquellos actos administrativos en los que participe un profesional que carece de la habilitación legal para su ejercicio, son susceptibles de recurso apelando a la nulidad del procedimiento por defecto grave de forma al limitarse sus derechos.
Por todo ello, desde Unión Profesional apelamos a la responsabilidad directa y en todos los ámbitos de los gestores públicos. Como organización que representa a los Colegios Profesionales, en concreto a 22.000 colegiados en Cantabria, hemos solicitado el cumplimiento de la colegiación obligatoria de los profesionales que trabajan en la Administración regional sin que, a esta fecha se haya conseguido alcanzar.
