Cantabria refuerza el peso de sus profesionales en España con la incorporación del decano del ICA a la Comisión Consultiva del Consejo General de la Abogacía

Cantabria suma un nuevo representante en el mapa institucional español. El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria y vicepresidente de Unión Profesional Cantabria, Carlos Pérez, ha sido designado miembro de la Comisión Consultiva del Consejo General de la Abogacía Española. Su incorporación refuerza la influencia cántabra en los órganos estratégicos de la profesión jurídica a nivel estatal, en un momento de renovación estructural impulsado por la presidencia de Salvador González.

Pérez ha valorado su nombramiento como “una oportunidad para trasladar la realidad y las necesidades de la Abogacía cántabra a los espacios donde se orientan las decisiones estratégicas del Consejo”. Además, ha asumido la nueva responsabilidad con “compromiso de trabajo, diálogo y lealtad institucional”.

La Comisión Consultiva, con conexión directa con la Presidencia y el Pleno del Consejo, juega un papel clave en la definición de políticas y líneas de actuación de la Abogacía española. Pérez ha resaltado la importancia de que “los colegios territoriales tengan voz propia y cercana en estos ámbitos de asesoramiento”.

Este nuevo cargo se suma a una creciente presencia de profesionales cántabros en entidades de ámbito nacional e internacional. Cantabria ya cuenta con Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos; Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos; y Román San Emeterio, miembro del Consejo de Arquitectos de Europa. Un conjunto de nombres que refuerzan el papel activo de la comunidad en la configuración de las grandes decisiones del país en el ámbito profesional.

La reestructuración del Consejo General de la Abogacía, anunciada durante el Pleno celebrado en Cuenca, también ha incluido la renovación de la Comisión Permanente y de otros grupos de trabajo. Este cambio organizativo acompaña a la reciente aprobación de los presupuestos para 2026, enfocados en fortalecer la representación institucional, la deontología, la formación continua y la digitalización del sector legal.

Con esta incorporación, Cantabria consolida su presencia en el centro de decisiones que marcarán el futuro de las profesiones colegiadas en España.

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