Cuando un arquitecto, aparejador o cualquier otro profesional, trabaja para la Administración pública, debe esta colegiado del mismo modo que lo estaría si trabajara en un despacho privado. Una Sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 así lo dice. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria no está haciendo cumplir esta obligación.
Desde Unión profesional, la asociación que representa los intereses de más de 22.000 colegiados, hemos informado al Gobierno regional de que es su obligación exigir la colegiación a todos los departamentos en los que presten sus servicios funcionarios o personal cuya profesión obligue a la colegiación.
Unión Profesional viene reclamando desde hace bastante tiempo al Gobierno de Cantabria el cumplimiento de la exigencia legal. Pese a ello, el Gobierno de Cantabria no ha adoptado ninguna decisión para cumplir con el mandato constitucional. Ni ha exigido la colegiación a los funcionarios que están desempeñando funciones propias de una profesión de colegiación obligada, ni ha exigido a los funcionarios y personal de nuevo ingreso el documento que acredite la colegiación.
Quien dicta las normas, como es el caso del Gobierno de Cantabria, debiera ser el primer en cumplirlas.
Pero ¿de verdad es importante para los ciudadanos que un funcionario esté o no colegiado?
Lo es. Porque si no lo está, sus decisiones, pueden ser cuestionadas en los Tribunales.
No es difícil imaginarse el perjuicio para cualquier ciudadano si una licencia de obra avalada por un funcionario, arquitecto pero no colegiado, fuera invalidada en los tribunales por la falta de colegiación de un profesional obligado a estarlo.
La colegiación es una garantía que aporta seguridad a la ciudadanía. Y ninguna Administración pública tiene derecho a privarnos de ella.
