El Tribunal Supremo, mediante Providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha inadmitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno Vasco contra la sentencia que anulaba el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se pretendía transferir competencias en materia de homologación de títulos universitarios extranjeros a dicha comunidad autónoma.
La decisión supone un nuevo respaldo a la postura del Consejo General de Dentistas y otras organizaciones profesionales, que recurrieron en su momento el Real Decreto por considerar que vulneraba el marco constitucional de distribución de competencias y suponía un riesgo para la seguridad jurídica y la salud pública.
El Gobierno Vasco alegó en su recurso la supuesta vulneración de derechos fundamentales recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española. Sin embargo, el Supremo considera que “no se dan los supuestos legalmente previstos para proceder de otro modo”, y añade que el recurso solo pretendía reabrir un debate ya resuelto por la sentencia n.º 286/2025, de 19 de marzo.
En dicha sentencia, el Alto Tribunal ya concluyó que la competencia sobre la homologación y declaración de equivalencia de títulos debe mantenerse en el ámbito estatal, dada su vinculación con la verificación de la formación necesaria para el ejercicio de profesiones reguladas. En el caso de los profesionales sanitarios, como los dentistas, esta cuestión afecta directamente al interés general y a la protección de la salud pública.
La resolución del Supremo se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que tanto la regulación como la ejecución en materia de expedición y homologación de títulos habilitantes para el ejercicio profesional son competencia exclusiva del Estado, especialmente en sectores donde están en juego garantías esenciales para la ciudadanía.
Desde el Consejo General de Dentistas se valora muy positivamente esta decisión, que refuerza la necesidad de un sistema homogéneo y riguroso de control en el acceso a profesiones sanitarias, con el fin de asegurar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.
