La actual situación creada por el incremento de casos de inquiokupación esta haciendo que el Registro de Impagados Judiciales se perfile como una de las soluciones más eficaces de protección de los arrendadores frente a la morosidad de los inquilinos.
El Consejo General de la Abogacía Española desarrolló en 2019 una herramienta pionera que está demostrando ser una de las más efectivas frente a este fenómeno, el Registro de Impagados Judiciales (RIJ).
Esta iniciativa legal permite a los arrendadores, profesionales del sector inmobiliario y abogados registrar deudas derivadas del impago de rentas, tanto judiciales como extrajudiciales. Con ello, el RIJ crea un historial público accesible a otros propietarios y entidades del sistema financiero, lo que aumenta la transparencia y la seguridad en los contratos de arrendamiento.
Mientras se debaten nuevas propuestas políticas como la creación de un registro específico para la inquiokupación, el RIJ demuestra que existen herramientas legales en funcionamiento que permiten actuar con rapidez y eficacia ante los impagos y proteger a los propietarios frente a ocupaciones fraudulentas.
“La creación del RIJ responde a una necesidad urgente de dotar a los propietarios de herramientas efectivas para prevenir la morosidad y evitar largas esperas judiciales”, destacan fuentes del Consejo de la Abogacía.
Uno de los elementos más innovadores de este sistema es la cláusula antimorosidad, que puede incluirse en los contratos de alquiler. Esta cláusula advierte a los inquilinos de que, en caso de impago, su deuda será registrada en el RIJ, quedando a disposición de otros arrendadores. Esta simple advertencia ya actúa como mecanismo disuasorio frente a posibles morosos.
Según datos recientes, el uso del RIJ ha permitido reducir drásticamente el tiempo de cobro de las deudas, pasando de una media de tres años en procesos judiciales a menos de dos semanas en algunos casos gracias al impacto de esta base de datos en la reputación crediticia del deudor.
La Abogacía Española ha subrayado el valor estratégico del RIJ no solo para recuperar deudas, sino también para frenar el avance de la inquiokupación, un fenómeno que afecta tanto al mercado del alquiler como a la confianza de los propietarios.
Con esta herramienta, el Consejo de la Abogacía no solo refuerza el papel del abogado en la defensa de los derechos del arrendador, sino que también propone una respuesta legal, ágil y preventiva ante uno de los grandes retos del mercado inmobiliario español actual.
