El Colegio de la Abogacía de Cantabria ha participado en una reunión de trabajo con la consejera de Justicia del Gobierno autonómico, Isabel Urrutia, y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu, en la que se abordaron la implantación de los tribunales de instancia y la mejora de la asistencia jurídica gratuita en la comunidad, en el marco de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En el encuentro, el decano del Colegio, Carlos Pérez, trasladó las necesidades detectadas por la Abogacía ante la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial y los aspectos organizativos derivados del nuevo modelo. Ambas partes pusieron de relieve la colaboración institucional existente para dar respuesta a las dificultades y tensiones surgidas en el proceso de implantación, especialmente mediante el refuerzo de medios materiales.
Asimismo, se analizó la potenciación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), y el decano subrayó la necesidad de aprobar de forma definitiva el módulo correspondiente a estos mecanismos, así como de contemplar partidas derivadas de su entrada en vigor, como los desplazamientos de los letrados para asistir a audiencias preliminares o actuaciones solicitadas por oficinas de justicia municipales.
En relación con la asistencia jurídica gratuita, se examinó la evolución del servicio y las implicaciones de la nueva ley, reiterando el Gobierno su compromiso de colaboración para mejorar el funcionamiento del turno de oficio y la calidad del servicio, pese a las limitaciones presupuestarias actuales. El nuevo decreto en esta materia incorporará los incrementos retributivos ya aplicados desde 2024, que han supuesto una inversión adicional cercana a los 500.000 euros, así como otras variaciones normativas para facilitar la labor de los profesionales.
Ambas instituciones coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente para garantizar una implantación eficaz de los tribunales de instancia y avanzar hacia una justicia más ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía.
