El colectivo de la Abogacía cántabra insiste en la urgente necesidad de reactivar los plazos procesales para evitar un colapso aún mayor.
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria (ICA), Andrés de Diego Martínez, considera que “es indispensable la inmediata reanudación de la actividad de los juzgados y tribunales que se encuentra paralizada desde hace dos meses, en aquellas actuaciones que sean compatibles con la actual limitación en el acceso a las sedes judiciales como viene solicitando la Abogacía”
Confía que en los próximos días se proceda a la notificación de las más de 500 Sentencias dictadas por los Tribunales colegiados en Cantabria y se inicie la tramitación de todas aquellos escritos y demandas presentadas durante la declaración del estado de alarma.
Tras rechazar el Plan de choque propuesto por el CGPJ , al considerar que no soluciona los problemas que enfrenta la Justicia a corto plazo sino que, “al contrario, supone una reforma procesal global que va a restringir las garantías de las que gozan los ciudadanos en el procedimiento”, se opone a las medidas incorporadas en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.
Sin embargo, el Acuerdo del CGPJ adoptado este lunes 11 ha paliado, en parte, dicha norma al recoger las reivindicaciones de la Abogacía. En este nuevo acuerdo, se recomienda que durante el mes de agosto únicamente se celebren las vistas orales que sean urgentes; reducir al mínimo esencial las notificaciones y concentrar el período de disfrute de las vacaciones de jueces y magistrados en dicho mes, tal y como se venía proponiendo desde el CGAE.
Más allá de estas críticas, De Diego espera que en Cantabria el plan de reactivación de la actividad judicial se ponga en marcha de forma consensuada entre todos los operadores jurídicos y, desde la Comisión de seguimiento de la que forma parte, se acuerde la forma en que se vayan a desarrollar las vistas y juicios, cuando se levante la suspensión de los plazos procesales y de las actuaciones judiciales.
“Las buenas relaciones entre Magistratura, Fiscalía, Abogacía y Procura, así como con la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, son un activo fundamental que esperamos nos permita afrontar el escenario incierto que se nos avecina”.
Una cuestión que empieza a ver la luz desde ayer martes 12, con la entrada en vigor de la primera de las cuatro fases contempladas en la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
